CCOO pide al Gobierno más recursos para corregir los "problemas" del siguiente paso de la regularización: la toma de huellas

Este paso, que depende del Ministerio del Interior, y es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculoDos tercios de los 900.000 migrantes que ya han pedido la regularización son latinoamericanos, la mayoría colombianos
A unas horas de la finalización del plazo de presentación de solucitudes para la regularización extraordinaria, Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización: la toma de huellas, un trámite necesario para la emisión de las Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) que ya está generando “problemas” y amenaza con convertirse en el principal cuello de botella del sistema. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Sofía Castillo, secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas del sindicato, advirtió de que, tras las solicitudes, el proceso entra ahora en una nueva fase que depende directamente de las comisarías. “Sí que hemos detectado que hay problemas tanto en Seguridad Social como en la toma de huellas”, ha señalado.

El sindicato, que ha participado como agente colaborador de la Administración en la campaña de regularización, sostiene que estas incidencias ya han sido trasladadas a los responsables públicos. En este sentido, Castillo ha apuntado a dificultades de coordinación y a la falta de medios suficientes en algunos puntos del sistema. “Los problemas de dimensionamiento de estas plantillas de la Policía es algo que veníamos diciendo desde hace tiempo”, ha afirmado, en referencia a la carga de trabajo en las comisarías encargadas de la toma de huellas.

CCOO ha explicado que ha desplegado cerca de 200 personas en todo el país para acompañar el proceso, con el objetivo de apoyar la presentación de solicitudes ante la Administración. Según los datos ofrecidos por el sindicato, han respaldado la tramitación de más de 7.500 expedientes, que en la práctica afectan a miles de personas beneficiarias. Castillo ha subrayado que en muchos casos un mismo expediente incluye a varios miembros de una familia, lo que amplía el alcance de la regularización.
7.000 expedientes presentados
En total, el sindicato ha presentado 7.000 expedientes de regularización. La mayoría de las personas atendidas proceden de países latinoamericanos, principalmente Colombia, Perú y Venezuela, seguidos de Marruecos y Argelia en menor medida. El sindicato ha destacado que el 60% de las personas acompañadas por el sindicato son mujeres. Durante su intervención, CCOO ha puesto el foco en la situación de personas que ya estaban trabajando en la economía informal antes de la regularización, así como en colectivos especialmente vulnerables, como trabajadoras del hogar o personas en asentamientos en zonas como Almería o el Campo de Murcia.

El sindicato ha explicado que ha habilitado canales telefónicos y de mensajería para apoyar la tramitación, que seguirán activos tras el cierre del plazo de solicitudes. “Esto no acaba aquí. La administración tiene tres meses para resolver y vamos a seguir haciéndolo”, ha señalado Castillo.

En este sentido, CCOO ha instado al Gobierno a dotar a las administraciones de medios suficientes para gestionar el volumen de solicitudes y garantizar el desarrollo del proceso en todas sus fases, incluida la posterior inserción laboral de las personas regularizadas. El sindicato defiende que el proceso supone una oportunidad para corregir “disfunciones del sistema” que han empujado a parte de la población migrante a la economía sumergida.

“Ha sido la oportunidad de corregir las disfunciones de un sistema que en demasiados casos condenaba a la población extranjera a la exclusión social y a la explotación laboral”, ha afirmado Castillo. El proceso de regularización ha superado ampliamente las previsiones iniciales, con más de 900.000 solicitudes registradas en toda España, según la última cifra oficial.